Los actores de la industria bananera, se han convertido en los jugadores más complicados para controlar y formalizar en los últimos doce años. A pesar de ser un negocio que sólo en exportaciones supera los 2.100 millones de dólares anuales y que genera más de un millón de empleos indirectos y directos, es el más conflictivo.

El incumplimiento de los precios oficiales, no firmar contratos, ni pagar por el Sistema de Pagos Interbancarios, siembra ilegal de plantaciones, creación de empresas fantasmas, cuperos, intermediarios y la proliferación de exportadoras y marcas son los problemas que se repiten cada año en el sector. A eso se suman los juicios que mantienen los exportadores con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la baja productividad en las plantaciones.

En el negocio no solo están los agricultores sino también empresarios, industriales y hasta políticos de diversas organizaciones que ocupan cargos como alcaldes, prefectos o asambleístas que aprovechan sus influencias para recibir el precio oficial, firmar contratos y hasta mantener algunasplantaciones no registradas en el Ministerio de Agricultura de Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap). Eso se repite con mayor fuerza en la principal zona bananera como es la provincia de El Oro, donde la informalización y la proliferación de exportadoras intermediarias, han hecho caso omiso a la Ley de Banano y su reglamento.

Es justamente la zona orense con cerca de 50 mil hectáreas y más de 5.000 productores, donde se encuentra “el ojo del huracán”. Ahí se paga la caja entre 1,50 y hasta 3 dólares cuando el precio oficial es de 5,50. Además se han instalado más de 70 compañías comercializadoras de banano que aparecen y desaparecen en distintas épocas. En el país están registradas más de 220 compañías dedicadas a la venta de la fruta. Según los registros de la Superintendencia de Compañías existen gerentes que administran hasta cuatro y cinco exportadoras, que están relacionadas con los familiares de los alcaldes y asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC) y del PRE, y han sido sancionadas y multadas en reiteradas ocasiones por el Magap, pero siguen en sus actividades.

Por  ejemplo,  hasta  marzo  del  2012,  las  firmas  Exbaoro,  Comersur,  y  Exportlit  estaban  administradas por José Velásquez Castillo, quien  también  era  gerente  de  Fruitstylelife  (grupo  Palacios).  Las  empresas  exportan  las  mismas  marcas de  la  fruta como Pretty Liza, Globus, MB,  Tropicana, Erlenhof y otras. Es más en el 2011  la  empresa Fruitstylelife fue la cuarta exportadora con  17,3 millones de cajas, superada por Ubesa, Pacific  Crown Fruit, y Bananera Continental.

Pero de enero a junio del 2012 la firma no aparece,  pero sí Comersur en el puesto siete con ventas de 4,8  millones de cajas. En ese periodo las exportaciones  se ubicaron en 137,2 millones de cajas y las primeras  en  ubicarse  fueron  Ubesa  con  14,9  millones,  Tuisfruit  (9,8 millones),  Bagnilasa  (8,2 millones),  Oro banana (7,2 millones) y Ecuagreemprodex con  5,1 millones.

Las  empresas  que  más  operan  en  el  negocio  bananero  orense  es  Banacali,  Oscar  Ripalda,  Tecniagrex,  Banacalm,  Frutical,  Agroprestigio,  Sertecban, Silverfruit, Banatro, Fruitstylelife, Fruta  Rica, Pacif Crown, Bagnilasa, entre otras.

Paúl González, presidente del Centro Agrícola  de  Machala,  sostuvo  que  la  proliferación  de  comercializadoras  y  la  falta  de  controles  originan  que  la  crisis  bananera  se  agudice  y  que  los pequeños bananeros  sean explotados  y hasta chantajeados para que vendan la fruta  en menos de 3 dólares. “Todas las autoridades  saben cuáles son las empresas que no cumplen  con  el  precio  oficial  pero  no  las  sancionan  severamente. Es verdad que muchas cambian  de nombre para evitar el pago de las multas y  los  impuestos  al Servicio de Rentas  Internas,  pero nadie hace nada”.

Según González, más del 50% de la fruta se exporta  sin contratos y no se paga por el Sistema de Pagos Interbancarios (SPI). “Solo deben hacer cumplir la  Ley y nada más, pero no lo quieren hacer”.

En  ese  tema  Luis  Valverde,  viceministro  de  Agricultura, sostuvo que no se exporta ninguna  caja que no esté legalizada bajo contrato. “Se sabe  cuáles son los productores que tienen contratos  y con qué compañías. Ya se han quedado 400 mil  cajas de banano por no cumplir la Ley”.

Valverde reconoce que el tema del banano es un negocio que lleva más de 40 años, sin embargo cada cierto tiempo se presentan problemas de precios, mercado y productividad. “En la semana 20 se exportaron 4,4 millones de cajas y revisamos en la Unidad de Banano que solo 3,3 millones se exportaban legalmente bajo contratos. Pero ahora ya se exportan 4,6 millones de cajas semanalmente y todas están registradas”.

En menos de un año el Magap ha implementad  mecanismos de control con el apoyo del SRI, Agrocalidad y del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), para que toda la información sea cruzada y verificada en las exportaciones.

El viceministro de Agricultura, reconoce que es una práctica común que los exportadores tengan varias empresas para dedicarlas a su negocio y que en los registros del Magap superan las 200 empresas. Es decir, si se sancionaba a una empresa no le afectaba al exportador porque lo seguían haciendo con otra firma. “Ahora estamos emitiendo resoluciones que se enfoquen los controles sobre las marcas y ya no sobre las compañías. Así se cambien de nombre o se crea otra empresa, ya no podrán evitar las sanciones porque se sancionará a la marca”.

Los problemas no terminan ahí. La siembra ilegal de plantaciones es otra arista del sector. Jorge Toapanta, de la Asociación de Bananeros Orense (ABO), sostiene que en el país hay una sobreproducción, por la siembra ilegal de banano en varias zonas. “La sobreoferta no solo daña el mercado local, sino también el internacional. Los más afectados son los pequeños productores que se quedan sin cupos o se les pagan menos de 2 dólares. Hay que controlar y eliminar las siembras ilegales”.

Según la Secretaría de Estado, hay 207.570 hectáreas de banano en el país (aunque hay estimaciones de que la superficie sembrada es de 230.000 hectáreas pero no todas están registradas oficialmente). De esa área de siembra, 173.575 están registradas como bananeras tradicionales, mientras que 33. 995 hectáreas, fueron inscritas durante el 2010, fecha en la que el Gobierno Nacional permitió a los agricultores regularizar sus plantaciones.

Carlos Emilio Veléz, subsecretario del Magap, señaló que no se realizará un censo sino un catastro bananero que comprende verificar cuáles son las plantaciones registradas y comprobarlas en cada zona. “Todo lo que está sembrado sin autorización del Magap tendrá problemas porque está fuera de la Ley. En Santa Elena hay plantaciones que tienen permisos y otras no y van a ser sancionadas. Esperamos que los resultados del catastro estén en un mes y medio como máximo”.

Las inversiones en el área de producción bananera alcanzan un estimado de más de 4.000 millones de dólares entre plantaciones cultivadas, infraestructura, empacadoras, puertos que constituyen uno de los sectores más importante del país. Las estimaciones de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) señalan que se debe sumar también 800 millones de dólares en industrias colaterales como cartoneras, plásticos, insumos, fumigación aérea, entre otras.

A pesar de la riqueza y generación de empleos, los problemas son múltiples y las propuestas de las soluciones van desde una veda bananera, hasta la creación de una empresa estatal comercializadora de la fruta.

Xavier Ponce, ministro de Agricultura, sostuvo que la idea de la empresa estatal es para regular la comercialización y proteger a los pequeños bananeros. “Todavía sigue en estudio la creación de la empresa ya que se deben tomar todas las precauciones”.

Mientras a los exportadores de la fruta la diversificación de los mercados y la falta de un trato preferencial de los grandes consumidores de la fruta (Estados Unidos y la Unión Europea), se convierte en un gran problema para el futuro bananero. Eduardo Ledesma, director de AEBE, sostiene que sino se firman acuerdos comerciales con EE.UU. y la UE la competencia desplazará a la fruta local y se reducirán las ventas drásticamente. “Esos mercados mantiene los precios estables y altos. Si se cambian mercados las cotizaciones serán bajas y volátiles”.

A eso se suma la discusión de los altos costos de los insumos, el incumplimiento de los precios oficiales, los bajos niveles de productividad, la creación de empresas fantasmas para exportar y hasta denuncias por evasión de impuestos que más discuten los productores, exportadores y el Gobierno Nacional.

Pese a los vaivenes, la industria bananera se consolidó en el sector externo y es hoy una de las principales fuentes de ingresos en la economía dolarizada. El banano es el primer producto de exportación del sector privado y el segundo del país, solo le gana el petróleo.

En el 2011 las exportaciones de banano registraron 2.000 millones de dólares con la venta de 280 millones de cajas. Esto representó un crecimientodel 1,7% en el número de cajas vendidas, si se compara con el 2010.

De la fruta exportada en el 2011, el 28,85% se embarcó desde las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar (El Oro), el resto salió vía marítima por Guayaquil. Es decir, desde Puerto Bolívar se exportó 77,9 millones de cajas de la fruta, convirtiéndose así en la primera puerta de salida del banano ecuatoriano.

Las reglas ya están definidas, existe una nueva Ley del Banano y su reglamento que permite sancionar a los infractores. El pago de la fruta está regulado a través del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI) y se aplicarán multas para las empresas que no cumplan con las transferencias. Los productores además deben tener el Registro Único de Contribuyentes (RUC), para garantizar su formalidad.

Ahí el papel de la Unidad de Banano es clave para vigilar y supervisar el negocio bananero y detectar quiénes son los que evaden los controles. La tarea no tendrá éxito si no se cuenta con el apoyo del Servicio de Rentas Internas (SRI), el Servicio Nacional de la Aduana del Ecuador (Senae) y las veedurías. Aplicar sanciones a las exportadoras también ha sido un conflicto. Fue en este Gobierno del presidente Rafael Correa que por primera vez a una empresa exportadora fue sancionada por no cumplir con la Ley.

El ex Ministro de Agricultura, Stanley Vera, multó a Fullagro y ejecutó la garantía para que se cancele a los productores afectados. También se prohibió que exporte y por eso la empresa inició un juicio en contra del Subsecretario de Agricultura del Litoral Sur, Carlos Emilio Vélez. El juicio sigue su curso legal.

Por disposición del Presidente de la República, toda fruta que se exporte debe contar con su respectivo contrato para salir del puerto a su destino final. Sin embargo, el 50% no lo cumplen y los productores por ende reciben menos de 5,50 dólares (Precio Mínimo de Sustentación) por cada caja de la fruta.

El dilema es que en temporada alta (que dura 22 semanas) todos quieren recibir 7, 10 y hasta 12 dólares. Por eso no firman contratos con toda la fruta que producen, sino que dejan una parte al mercado spot (sin contrato y se vende al que más pague). Pero el problema se genera cuando llega la temporada baja y los precios caen hasta 1,50 y 2 dólares en el mercado interno.

El Gobierno solo garantizará a los que firmaron contrato, para que reciban los 5,50 dólares por caja de 41,5 libras, según lo han ratificado las autoridades del Magap. El Presidente Rafael Correa reconoció el problema bananero y dispuso que se termine de una vez por todas, caso contrario el Gobierno saldría de las mesas de negociaciones.

En sus insistentes declaraciones, el Mandatario dijo que si las exportadoras no respetan la Ley y si hay denuncias de los productores, inmediatamente las nacionalizaría.